En nuestros anteriores
pronunciamientos, caracterizamos al gobierno del viejo Estado boliviano
devenido en Plurinacional, como un gobierno anti obrero, antipopular, anti
indígena, proburgués y proimperialista, con rasgos facistoídes, y que en el
país no existía ningún proceso revolucionario, sino la reorganización estatal
bajo su nueva forma, el Estado Plurinacional, mediante una nueva legislación
que al final resultó siendo igual o peor que antes fundamentalmente para los
trabajadores.
Esta reorganización estatal con
retórica antimperialista y revolucionarista pequeñoburgués, fue el resultado de
la desviación del levantamiento popular de octubre de 2003 (a falta de un
Partido Comunista de nuevo tipo) por parte de reformistas, oportunistas y revisionistas bajo al
patrocinio de la reacción, el imperialismo y sus ONGs, hacia la sucesión
constitucional, el proceso constituyente y finalmente hacia el proceso de cambio
para consagrar constitucionalmente el modo de producción capitalista como lo
esencial, dizque de un “modelo de economía plural” (que en realidad es el quid
del denominado capitalismo andino).
En la práctica resulta irrefutable
que el gobierno del proceso de cambio, asumió una política anti obrera desde el
momento mismo en que las bases “filosóficas doctrinarias” de la nueva
Constitución, proclama el colaboracionismo de clase (jamás quisieron reconocer
la lucha de clases) a partir de la complementariedad, reciprocidad,
correspondencia y solidaridad de los actores del modelo de economía plural, de
la cual el articulador y supeditador de otros modos de producción,
incluso los de carácter pre capitalista,
es el modo de producción capitalista (ver Art. 306 CPE).
Por
eso, las disposiciones legales y
administrativas del gobierno del proceso de cambio, tienen que responder
a los
fundamentos filosófico doctrinarios de la nueva Constitución, cual es el
de defender el capital, defender a la burguesía (incluso a la nueva
faccion emergente del la burguesía),
defender a las transnacionales, y en suma defender al imperialismo
(aunque se declaren
anti-antiimperialistas).
El gobierno hace tabla rasa de las
conquistas, derechos y beneficios sociales reconocidos por la anterior
Constitución y la legislación laboral, é incluso de las que formalmente
reconoce la nueva Constitución tan idealizada por los que reordenan el viejo
Estado burgués y terrateniente (aunque está muy alejada de la Constitución real de la sociedad y del país).
Así sucede cuando la nueva Ley
General de Cooperativas (Ley 356 de 11 de abril de 2013), en su Art. 37 Parágrafo IV, Numeral 2, prohíbe el
derecho de asociación y el derecho a la sindicalización, violando la
prescripción del Art. 21 Numeral 4 de la Constitución Política del Estado
Plurinacional, que reconoce el derecho a la asociación. El Art. 48 Parágrafo III dice que los derechos de los
trabajadores no pueden renunciarse y que las convenciones contrarias o que
tiendan a burlar sus efectos, son nulas. No
se respeta ni la misma Constitucion cuando se trata de favorecer a los
privilegiados de siempre, a cambio de congraciarse para las próximas
elecciones generales del 2014.
Las Cooperativas mineras, por
ejemplo, constituyen el sector más privilegiado no solamente por parte de este
gobierno, sino también fue privilegiado por los anteriores gobiernos
neoliberales. Están exentos del pago de impuestos, no reconocen derechos
sociales a sus trabajadores, someten a una salvaje súper explotación a sus trabajadores, no
cumplen con el seguro social, la atención médica; y ahora se benefician con una
Ley que prohíbe a sus dependientes a sindicalizarse, incluso en contra de lo
que manda la Constitución Política del Estado Plurinacional.
Por tanto la Ley General de
Cooperativas, es anticonstitucional y absolutamente atentatorio a las
conquistas sociales de los trabajadores, que con su lucha consecuente y con
sangre lograron arrancar en el pasado a los gobiernos anti obreros, el derecho
a la sindicalización para defender sus derechos y reivindicaciones sociales. En
la larga noche del fascismo del banzerato y en los pasados gobiernos militares, se
desconoció el derecho a la sindicalización, mediante “coordinadores laborales”,
llegando a perseguir, detener y torturar a los dirigentes obreros
revolucionarios y leales a su clase
cuando defendían sus derechos y conquistas sociales. El actual gobierno
acusó en el mes de mayo de este año a los trabajadores que luchaban por una
jubilación del cien por cien, de ser golpistas y de querer asaltar al Estado
Plurinacional, justificando de esta manera la despiadada represión policial y
las posteriores acciones penales en contra de los trabajadores mineros en
Oruro.
Sin embargo, al gobierno “revolucionario”
poco o nada le interesa, porque lo que viene haciendo es lo que tiene que
hacer, defender al capital, defender a la parte patronal, defender a la
burguesía y a las transnacionales. Ni la flexibilización laboral tan cacareada
por los anteriores gobiernos neoliberales, puede compararse a semejante audacia
del gobierno del Estado Plurinacional para hacer tabla rasa de los derechos y
conquistas de los trabajadores. Algún viejo exEjecutivo de la COB, dijo alguna
vez con total indignación e impotencia: “son mas malditos que los
neoliberales”.
Ni que decir del Ministerio de
Trabajo, a cuya cabeza se encuentra el “mirista” Daniel Santalla, donde los
burócratas del viejo Estado burgués y terrateniente, en lugar de defender y
proteger los derechos, reivindicaciones, beneficios y conquistas de los
trabajadores, hacen todo lo contrario, demostrando una política pro patronal y
anti obrera, sin hacer nada frente a los abusos en contra de los trabajadores
por parte de los empresarios. Sin embargo los trabajadores, debemos estar alertas y en emergencia, frente
a lo que puede hacer el gobierno en contra de los derechos, beneficios y
reivindicaciones sociales, porque viene elaborando un Proyecto de Ley General
de Trabajo, donde es probable se desconozcan las conquistas sociales de los
trabajadores.
No debemos olvidar que en el mes de
mayo de este año, ante el ascenso de la lucha de los trabajadores por una
jubilación del cien por cien, y por la reposición del aporte tripartito, el
gobierno al no poder controlar o desmovilizarse mediante sus infiltrados como
Carlos Trujillo y otros, buscó la destrucción política de la Central Obrera
Boliviana, e incluso su sustitución por otra Central Obrera oficialista,
conformado por propietarios (transportistas, cooperativistas mineros, cocaleros y
campesinos medios y ricos).
Los dirigentes oficialistas
infiltrados en la Central Obrera Boliviana y en otras Federaciones y
Sindicatos, en lugar de defender los derechos de los trabajadores defenderán al
gobierno “revolucionario”, y por eso jamás dirán nada frente a la política anti
obrera del gobierno, por prebendales, oportunistas, complacientes y traidores a
su clase.
La única alternativa revolucionaria
es que los trabajadores desde sus bases, se organicen o reorganicen levantando
las banderas de la defensa de los derechos, beneficios, reivindicaciones y
conquistas sociales, las que ni siquiera
los anteriores gobiernos neoliberales pudieron desconocerlos, pero en cambio el
actual gobierno dizque “revolucionario” lo hace abiertamente, nada menos junto
a sus incondicionales perros rastreros revisionistas del Pcb de Marcos Domic y
el Pc mlm de Jorge Echazú.
¡VIVA LAS
CONQUISTAS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES!
¡VIVA EL
DERECHO A LA SINDICALIZACION!
¡MUERA LA
POLITICA ANTIOBRERA DEL GOBIERNO AL SERVICIO DEL CAPITAL!
¡MUERA EL
REVISIONISMO!
¡MUERA
CARLOS TRUJILLO Y SUS SECUACES TRAIDORES DE SU CLASE!
¡LA
REBELION SE JUSTIFICA!
No hay comentarios:
Publicar un comentario